Invertir en el presente para ganar el futuro

    Un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, comunidad educativa y de los colectivos sociales. Un acuerdo para pensar más en nuestros hijos y en las próximas generaciones, que en los intereses de los partidos políticos. Que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades, y no para dividirnos en bandos.
    Estableceremos educación verdaderamente gratuita para las familias: sin tasas ni tarifas encubiertas en colegios públicos o concertados. Los costes escolares deben ser transparentes.
    Estableceremos libros de texto gratis para las familias a través de un sistema público de libros compartidos. El Pacto Nacional por la Educación ha de reducir drásticamente los cambios de planes de estudio que supone una enorme fuente de confusión y gasto para las familias. Evitaremos que los libros cambien cada año de forma injustificada para que se puedan volver a utilizar por otros alumnos, como sucede en los mejores países de Europa.
    Implantaremos una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública, que garantice a nuestros jóvenes el dominio de idiomas. En todas las escuelas públicas se educará a los jóvenes en dos idiomas, y en tres o más lenguas en aquellas comunidades autónomas donde existan dos o más lenguas cooficiales. Todos nuestros jóvenes aprenderán inglés en la escuela pública, independientemente de los recursos económicos de sus familias.
    Garantizaremos el acceso universal a la educación de 0 a 3 años. Para cubrir la demanda aumentaremos las plazas públicas y concertadas y ayudaremos a las familias con menos recursos para garantizar su acceso. La educación infantil es fundamental en el desarrollo vital y profesional posterior de la persona y debe garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos.
    Promoveremos un modelo de tutores personalizados para el seguimiento y la detección de capacidades y dificultades. Muchos de los problemas académicos más frecuentes, asociados a falta de hábitos básicos, pueden detectarse con rapidez en los primeros meses por profesores de apoyo con tiempo y recursos para hacer un seguimiento de los alumnos en colaboración con los profesores.
    Minimizaremos la repetición de curso que es costosa, ineficiente y crea más fracaso escolar y potenciaremos el apoyo a alumnos y profesores. Las repeticiones son uno de los principales causantes del abandono prematuro del sistema educativo.
    Debemos cuestionar seriamente por qué somos el país de Europa con más repeticiones, y tratar de dar el apoyo necesario a los alumnos y profesores para que gran parte de esas repeticiones no se produzcan.
    Introduciremos currículos más flexibles para adaptarse a las necesidades de los alumnos. Se debe promover que las escuelas, desde una oferta básica común, eduquen a niños diferentes en situaciones de enseñanza distintas, para que todos aprendan de la mejor manera posible en un contexto de integración e inclusión.
    Estableceremos itinerarios educativos de calidad y “pasarelas”. Siempre deben existir, con independencia del nivel actual del estudiante, vías para permanecer escolarizado, al menos hasta que se adquiera un título de enseñanza secundaria post- obligatoria. Se debe garantizar la existencia de “pasarelas” más allá de ese nivel que den continuidad a los niveles de formación profesional básicos.
    Mejoraremos la Formación Profesional aumentando los recursos destinados a los Ciclos de Grado Medio e impulsaremos una verdadera FP dual que combine formación y trabajo en la empresa. La inversión formación profesional en España ha estado por debajo de la de los demás países europeos, lo que ha limitado nuestra oferta y especialización. Una FP de calidad que permita a nuestros jóvenes adaptarse a los cambios técnicos y las nuevas necesidades laborales.
    Crearemos más plazas para profesores de apoyo dentro del aula. Implantaremos un modelo normalizado y generalizado de profesores de refuerzo que apoyen cotidianamente en la clase para atender a la diversidad de los alumnos previniendo dificultades en el aprendizaje. Estos profesores de refuerzo complementarán al titular con tareas y contenido específico y tutorías personalizadas.
    Reivindicaremos la profesión de nuestros profesores con un “MIR docente” porque ellos deben ser protagonistas del cambio de nuestro sistema educativo. Hay que mejorar su formación y fijar sistemas adecuados de evaluación con criterios de mérito y capacidad. Se introducirá una etapa inicial de formación del profesorado con un fuerte componente práctico. Se dará a los centros mayor capacidad para seleccionar y conservar a los mejores profesionales. Se avanzará hacia la progresiva habilitación del profesorado en inglés.
    Estableceremos un sistema de evaluación periódica y transparente de los docentes, para premiar y favorecer la carrera de los mejores profesionales educativos. Se reforzará el cuerpo de inspectores de educación del Estado para permitirles ejercer una verdadera labor de evaluación y control de calidad de la enseñanza.
    Crearemos un nuevo Estatuto Docente que vincule la formación, la implicación y la labor en el centro con la promoción profesional y el reconocimiento económico y público de los docentes. Hay que basar las carreras profesionales de los educadores en los resultados para acabar con la desmotivación laboral. Las evaluaciones de resultados tendrán en cuenta las capacidades previas de los alumnos y el valor añadido del profesor, para no premiar simplemente a los profesionales que cuenten con buenos estudiantes.
    Dotaremos de más autonomía a los centros públicos y sus directores en contratación y competencias pedagógicas para implicar a los gestores en la reforma del sistema educativo. La administración fijará objetivos y evaluará su cumplimiento, dejando mayor flexibilidad a las escuelas, tanto en la gestión de sus recursos materiales y humanos como en la oferta de itinerarios específicos y la elección del método docente.
    Implantaremos más rendición de cuentas de los centros educativos: la autonomía debe ir aparejada a la transparencia para que familias, educadores y administración cuenten con la máxima información a la hora de elegir centro. Dicha información debe proceder no solo de pruebas estandarizadas sobre un amplio conjunto de competencias cognitivas, sino también de competencias no cognitivas y el funcionamiento de los itinerarios.
    Desarrollaremos proyectos de innovación para transformar el colegio y el instituto en centros de actividad social y cultural, que impliquen a las familias en los proyectos educativos. La acción coordinada de las familias y los profesores es imprescindible en la tarea educativa. Para ello se fijará la apertura regular del centro en franjas horarias adecuadas que faciliten esa participación.
    Incentivaremos el desarrollo y evaluación de programas experimentales para incorporar prácticas innovadoras que nos preparen para el futuro. Extenderemos las experiencias exitosas en materia de innovación educativa a todo el sistema educativo, para facilitar la adaptación al cambio tecnológico y adoptar nuevos conocimientos y habilidades adaptados a los retos que presentan el mercado laboral y la sociedad en una economía globalizada.
    Sustituiremos el aprendizaje exclusivamente memorístico de conocimientos por el aprendizaje por competencias, que aplica el conocimiento a la vida real combinándolo con destrezas, habilidades y valores. Incorporaremos el aprendizaje de habilidades no cognitivas en los currículos. Se fomentará el espíritu crítico, el trabajo en cooperación y el espíritu emprendedor.
    Elaboraremos un plan de lucha contra el acoso escolar, el ciberacoso y el bullying, y potenciaremos la figura de la mediación escolar para la prevención y resolución de conflictos. Se prestará atención al aprendizaje social y emocional, centrado en dotar a los niños y jóvenes de las habilidades sociales y emocionales básicas.

    Disminuiremos el importe de las tasas universitarias y estableceremos un sistema de becas con el objetivo de garantizar que ninguna persona quede fuera del sistema universitario por motivos socioeconómicos.
    Promoveremos un sistema ambicioso de becas de igualdad y becas de excelencia. Las becas son un instrumento crucial de movilidad, de fomento de equidad, y de incentivos para las universidades. Paralelamente a las becas de excelencia, ofreceremos un sistema de becas por criterios estrictamente económicos para fomentar la igualdad de oportunidades.
    Revisión y racionalización de la política de becas. La política de distrito único (y/o internacionales) se centrará en becas-salario (o ayudas complementarias para dedicación exclusiva). El programa de ‘becarios de excelencia’ cubrirá tanto las necesidades del estudiante, como una parte importante del coste que supone para la universidad en la que se matricula.
    Un sistema universitario más internacional con más investigadores internacionales, más profesores de fuera y más intercambios de estudiantes. Mejoraremos la fluidez en los intercambios de personal e información dentro del Sistema Universitario y con otros centros de investigación.
    Una nueva evaluación externa de la calidad de la investigación de las universidades, que incorpore los mejores rankings internacionales. Se valorarán los sexenios de investigación concedidos, los proyectos de investigación, la financiación externa obtenida, los contratos, las patentes, la innovación, los doctorados de excelencia y similares y la capacidad de atraer estudiantes y profesores en competencia con otras universidades a nivel internacional.
    Un nuevo sistema de selección del Personal Docente e Investigador por medio de vías públicas, transparentes y completamente abiertas a extranjeros, basadas en el mérito y la capacidad.
    Se implementará un sistema de acreditaciones públicas que otorgue la condición de funcionarios tanto a los españoles como a los ciudadanos de la UE. Se fomentará la contratación directa y permanente por las universidades, y se restringirán los contratos temporales, estableciendo plazas del tipo tenure track con el principio de “promoción o salida”. Se establecerán medidas contra la endogamia universitaria.
    Promoveremos una cuota mínima de al menos un 1% del Personal Docente e Investigador permanente internacional (UE o extracomunitarios) en nuestras universidades públicas.
    Suprimiremos la exigencia de la acreditación por parte de la ANECA del profesorado de las universidades públicas, salvo para la contratación permanente y sólo si éstas lo deciden. Se mantendrá la ANECA sólo para la validación de títulos, pero simplificando extraordinariamente los controles del programa VERIFICA.
    Priorizaremos los méritos de investigación en los procesos de elección del Personal Docente e Investigador. Los procesos de elección del PDI deben valorar el conocimiento y la investigación, excluyendo cursillos vacíos, gestión y todo lo que no implique una mayor competencia del candidato en la materia de que se trate.
    Someteremos a evaluación a todo el Personal Docente e Investigador del sistema universitario, público y privado, funcionario y contratado, potenciando los sexenios y no limitándolos a los 6 actuales.
    Fijaremos el uso de los sexenios como criterio mínimo de calidad para las autoridades académicas. Si son españoles, los rectores, decanos de Facultad, directores de Escuela y de departamento deberán tener al menos 3, 2, 2 y 2 sexenios ‘activos’, respectivamente (si su carrera es en el extranjero, se considerarán historiales científicos equivalentes).
    Mantendremos el objetivo europeo de invertir el 3% del PIB en Educación Superior. Racionalizar la oferta universitaria, promoviendo la especialización de las universidades y evitando las redundancias mejorando el conocimiento de sus costes reales.
    Reformaremos el sistema de financiación de las universidades, incluyendo criterios de resultados docentes e investigación. Las universidades se financiarán a través de un programa por objetivos, basados en su especialización y en una evaluación externa y objetivable de sus resultados de investigación y docentes. Adicionalmente recibirán financiación basada en el impacto internacional de su investigación y otras formas de financiación externa. Las universidades no podrán endeudarse.
    Sustituiremos los Consejos Sociales y los Consejos de Gobierno de las universidades por un nuevo Consejo de la Universidad. El nuevo Consejo contará con 21-25 miembros y con mayoría absoluta de académicos para garantizar la autonomía universitaria. Un 25% podrá ser nombrado por la Comunidad Autónoma para dar participación a la sociedad civil, pero con medidas que eviten injerencias políticas improcedentes y un estricto régimen de incompatibilidades. El Consejo de la Universidad nombrará al Rector, que responderá ante él.
    Más poder ejecutivo para los rectores para nombrar a vicerrectores, decanos y directores de centro y ratificar, como ahora, la elección de los directores de los departamentos. El Rector podrá ser un académico extranjero. En paralelo, se incrementarán los mecanismos de rendición de cuentas.
    Claustros mucho más reducidos y eficientes. Reduciremos a 60-70 claustrales para las universidades grandes. Un 80% del claustro será Personal Docente e Investigador, un 10% estudiantes y un 10% de PAS.
    Los currículums de todos los cargos y representantes universitarios serán públicos y accesibles a través de las webs universitarias o de sus centros. En el caso de los estudiantes también su expediente académico.

    Propondremos un Gran Pacto Nacional para el avance de la Ciencia. Fortaleceremos la investigación científica básica y aplicada (I+D) de calidad durante los próximos 20 años y promoveremos una mejora en la cultura científica del país, un incremento en la capacidad de generación de conocimiento y una mayor transferencia de los resultados de la Ciencia a la sociedad.
    Promoveremos la cultura científica en España, reforzando la importancia de la ciencia para la sociedad. Desarrollando una educación, desde la enseñanza básica al posgrado, orientada al conocimiento y comprensión del método científico.
    Desarrollaremos la carrera científica basada en el mérito. Potenciaremos una carrera científica de investigadores dentro del marco laboral, tal y como dictamina la Ley de la Ciencia. Asumiremos el criterio de calidad y mérito en vez del continuismo o derechos adquiridos, para el paso a etapas sucesivas de la carrera científica.
    Reorientaremos la inversión en infraestructuras hacia la innovación y el capital humano gestionando los plazos para la finalización de las obras en curso. La inversión en infraestructuras en España se ha hecho al margen de criterios económicos, sin pensar en la rentabilidad económica o social de los recursos escasos del país. Así se han construido aeropuertos sin aviones y trenes sin pasajeros, pensando en los políticos no en las personas.
    Crearemos un Comité Asesor de Ciencia y Tecnología en I+D formado por científicos especialistas españoles y extranjeros que evalúe y diseñe la estrategia y Plan Estatal en materia científica. Será un comité similar al comité asesor del Presidente de Estados Unidos, considerado un modelo de referencia internacional.
    Aseguraremos la estabilidad en la gestión política y económica de I+D reforzando la Agencia Estatal de Investigación independiente adscrita a la Presidencia del Gobierno. Se simplificará la complejidad administrativa y se dotará de mayores recursos a la ANEP, manteniendo su independencia de actuación del evaluador científico. Se revisará críticamente la investigación de universidades, hospitales, CSIC y otros organismos públicos de investigación.
    Estableceremos un plan de choque para formar a los mejores estudiantes y captar científicos internacionales excelentes. Se contemplarán etapas formativas y opciones específicas de carrera con criterios de calidad. Se favorecerá la movilidad.
    Promoveremos la cooperación público-privada y la creación de empresas de base científica a través de ayudas directas e indirectas. Se estimulará la cooperación entre entes públicos y empresas a través, por ejemplo, del uso compartido de instalaciones. Se incentivará la atracción de empresas a parques científicos y se creará una página web con datos sobre recursos institucionales.
    Unificaremos las convocatorias de financiación en I+D en fechas y plazos fijos, con una duración mínima 4 años, y armonizaremos los programas de investigación de las distintas Comunidades Autónomas.
    Aumentaremos la inversión pública y privada en I+D hasta el 3% del PIB anual y desarrollaremos la Ley de Mecenazgo para dirigir la filantropía hacia la I+D. En España la inversión nunca ha rebasado el 1,5% del PIB y se ha reducido en los últimos años (puesto 17 de 28 países de la UE).
    Desarrollaremos la ciencia en el ámbito educativo a través del método científico obligatorio en secundaria y divulgativo. Potenciaremos la I+D en los Presupuestos Generales y Autonómicos y dotaremos de mayor autonomía a las instituciones científicas.
    Impulsaremos los Centros de Investigación de Excelencia. Los centros que existen actualmente carecen de la acreditación específica de ámbito estatal y un plan racional de autofinanciación progresiva auditado externamente. Los Centros de Investigación de Excelencia serán dotados de forma sostenible de hasta el 50% de autofinanciación por inversión pública.
    Internacionalizaremos la investigación española desarrollando la oficina de apoyo a la ciencia ante la Unión Europea. Renovaremos los cargos representativos de nivel medio para ganar influencia a nivel europeo. Modernizaremos los procesos de captación eficiente de fondos internacionales
    Red Cervera de Transferencia Tecnológica: una red de institutos tecnológicos para investigación aplicada con financiación mixta público-privada. Cada instituto estará ligado al departamento relevante de una universidad. El director de instituto será una figura investigadora destacada en el área. Además del director, los institutos estarán formados por personal investigador propio. Se financiará en un 60% de fondos públicos, un 35% de fondos privados y un 5% de becas internacionales. Los fondos privados serán la contrapartida al desarrollo de los contratos de investigación con empresas.
    Mejoraremos la financiación pública de sectores estratégicos a través de la creación de fondos de inversión públicos de match-funding, que coinvierta con capital especializado, mejorando los programas existentes (Fondos Invierte, ICO, CDTI, SEPIDES, etc.). Se hará siguiendo el ejemplo de los fondos YOZMA de capital riesgo en Israel, referente internacional, enfocado en sectores de alta tecnología y centrando los recursos especialmente en el capital inicial.
    Estimularemos la financiación privada reformando el sistema de deducciones fiscales por I+D+i, equiparando los incentivos fiscales al capital riesgo a los que tienen las empresas con beneficios. Los incentivos a la I+D adoptarán la forma de desgravaciones en el Impuesto de Sociedades y sólo ayudarán a las empresas que tienen beneficios. En la actualidad, esta desgravación es excesiva, porque beneficia a grandes compañías que harían I+D en cualquier caso.
    Reduciremos radicalmente la burocracia simplificando y eliminando leyes y normas redundantes a la que se enfrentan las empresas y los emprendedores. Estaremos en el top 10 del ranking internacional Doing Business a final de legislatura.
    Impulsaremos la formación en el emprendimiento, tanto mediante plataformas online como fomentando la colaboración de profesionales prejubilados con jóvenes emprendedores.
    Aprobaremos un plan para favorecer la atracción de talento internacional, agilizando y facilitando su entrada en España mediante un sistema de puntos. Se creará un programa piloto de dos años, que vaya acompañado de seguimiento y evaluación para evitar prácticas fraudulentas o abusivas. Este sistema de puntos contribuirá a facilitar la adaptabilidad de los inmigrantes y evitar los injustos sesgos existentes por razones de país de origen. A largo plazo, contribuirá a financiar nuestros servicios públicos y a frenar el envejecimiento de la población.
    Diseñaremos una política de infraestructuras racional y eficaz para la I+D. Reactivaremos la inversión en infraestructuras, tanto de nuevo diseño, como de renovación las existentes, atendiendo a criterios de racionalidad según las necesidades de la I+D de España y siempre con un plan de sostenibilidad económica que incluya la posibilidad real de cierto grado de autofinanciación y con un sistema de control por comités asesores externos y de usuarios.

    Impulsaremos un Acuerdo Social y Político por la Cultura. Este acuerdo debe hacer de la cultura misma una prioridad política, para cuya consecución se debe recuperar el diálogo y el acuerdo con el sector y la cooperación entre instituciones, especialmente con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
    Recuperaremos el Ministerio de Cultura para promover la pluralidad cultural y lingüística de España. El Ministerio de Cultura será independiente del Ministerio de Educación, pero con una activa colaboración para que la escuela tenga un papel esencial en la formación de públicos y el desarrollo del respeto a la propiedad intelectual y las industrias culturales.
    Rebajaremos de manera inmediata el IVA a las actividades culturales hasta el tipo reducido, del 21% al 10%. Impulsar que se reconozca la necesidad de un IVA cultural en el seno de la UE que permita su armonización.
    Aprobaremos un nuevo Estatuto del Artista y el Creador. Una norma que desarrolle medidas de protección y particularidades fiscales, como la posibilidad de compatibilizar la pensión de jubilación con la remuneración de trabajos puntuales derivados de la actividad creativa.
    Promoveremos una nueva Ley de Mecenazgo y Micromecenazgo. Desarrollaremos un sistema de bonificaciones a la exportación y la acción cultural exterior, en línea con lo establecido en los países de nuestro entorno europeo.
    Impulsaremos iniciativas para el reconocimiento de la riqueza cultural que representa la pluralidad lingüística de España.
    Apoyaremos nuevo Plan para el Instituto Cervantes, con una estrategia de implantación en todos los países de habla hispana. Se incrementará su partida presupuestaria y se garantizará su independencia política, con la selección de sus gestores por criterios estrictos de mérito y total transparencia.
    Reformaremos la Ley de Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor. Debe ser un instrumento que garantice el mayor acceso posible al patrimonio cultural, y establezca medidas para defender los derechos de los creadores de contenidos digitales.
    Aprobaremos un Plan para la Protección de la Propiedad Intelectual y las Industrias Culturales. Este plan debe definir los trámites para procesar las denuncias y que incluya una campaña educativa en las escuelas, para concienciar a los niños y jóvenes de la necesidad de respetar la propiedad intelectual y el valor de las industrias culturales.
    Crearemos una nueva Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual. Una instancia que ponga en marcha procedimientos rápidos para detectar violaciones reincidentes de los derechos de propiedad intelectual.
    Nombraremos una nueva Secretaría General de Propiedad Intelectual. Un organismo integrado por profesionales reconocidos, para apoyar el trabajo de la Comisión de Propiedad Intelectual y promover la digitalización de fondos y el acceso a contenidos legales.
    Reformaremos los artículos 25 y 31.2 del Tratado Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual relativos a la copia privada, su compensación y su ámbito, para adaptar nuestra normativa a la de los países de nuestro entorno.
    Desarrollaremos un plan de protección para el sector audiovisual, que abarque desde el cine a los videojuegos, e impulsaremos industrias en las que España es puntera, como la animación o los efectos visuales.
    Impulsaremos el sector del libro y la lectura. Reactivaremos las bibliotecas públicas incrementando las partidas de fondos para su dotación, y pondremos en marcha un plan de fomento de la lectura en colaboración con centros escolares.